Amigos de la Alcazaba, miembro fundador de una Federación Nacional de Asociaciones en defensa del patrimonio cultural

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Está formada por 29 asociaciones de nueve Comunidades Autónomas y se ha elaborado un primer manifiesto. Reclaman la “urgente necesidad de la conservación, difusión, promoción y educación en Patrimonio Cultural por parte de la totalidad de la ciudadanía”.

El XIV encuentro de entidades para la defensa del patrimonio cultural, celebrado en Madrid el pasado mes de octubre, con la participación, entre otras, de la asociación Amigos de la Alcazaba, dio como resultado el compromiso de elaboración de un manifiesto que reflejara el compromiso por la defensa del legado artístico y patrimonial español.

Está formada por 29 asociaciones de nueve Comunidades Autónomas y se ha elaborado un primer manifiesto. Reclaman la “urgente necesidad de la conservación, difusión, promoción y educación en Patrimonio Cultural por parte de la totalidad de la ciudadanía”.

Una iniciativa que ha derivado en la creación de una federación nacional formada por hasta 29 asociaciones de 9 Comunidades Autónomas, entre ellas, la propia Amigos de la Alcazaba.          “Colectivos y asociaciones que, reunidos en Defensa del Patrimonio Cultural de España, tenemos la voluntad de constituirnos en una Federación Nacional de Asociaciones que pueda actuar de interlocutora ante las administraciones, y que se manifiestan a favor de la urgente necesidad de la conservación, difusión, promoción y educación en Patrimonio Cultural por parte de la totalidad de la ciudadanía”, apunta el preámbulo del manifiesto de Boadilla.

En aquel encuentro se destacaron tres grandes problemas comunes en el patrimonio español. El primero de ellos es el incumplimiento y la vulneración reiterada, tanto de la Ley de Patrimonio Histórico de España como de las respectivas leyes autonómicas, a veces hasta el punto de descatalogar o vaciar Bienes de Interés Cultural declarados para beneficiar a intereses especulativos. Relacionado con ello, también el insuficiente papel y la descoordinación de las Administraciones  responsables de la gestión y defensa del patrimonio.

En tercer y último lugar, la falta de participación ciudadana en el debate patrimonial, que cobra nuevo protagonismo con la ratificación por España del Convenio de Faro del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la sociedad. “Las administraciones no desean que las entidades tengan participación y “patrimonializan” el patrimonio, que nos pertenece a todos y es el legado de las generaciones futuras”, explicaba María Teresa Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba, que se ofreció, precisamente, a que Almería fuera sede del 15º Encuentro Nacional.

Extractos del manifiesto

El manifiesto consta de cuatro páginas y, entre los distintos puntos, esgrime lo siguiente:

“Denunciamos el incumplimiento sistemático por parte del Estado y de las comunidades autónomas de las leyes estatales y autonómicas en defensa del Patrimonio Cultural, y expresamos la exigencia de que dichos organismos acaten obligadamente su propia legislación”.

“Manifestamos la necesidad de que el poder judicial tenga un papel protagonista en la defensa del Patrimonio cuando el resto de las administraciones planteen actuaciones que dañen bienes culturales, estén o no estén catalogados, pues acudir a la justicia es un derecho ciudadano para evitar las arbitrariedades contra los bienes culturales”.

“Advertimos que el patrimonio arquitectónico en general está en peligro, incluyendo los cascos antiguos, los centros históricos protegidos y la arquitectura popular de todo tipo, con ayuntamientos que practican políticas urbanísticas que amparan el expolio a favor de los intereses particulares (promotores y constructores, a veces vinculados al turismo) y en contra del interés público y el bien común”.

“El concepto de Patrimonio Cultural es cambiante a lo largo del tiempo, y se enriquece con nuevos criterios que vienen a complementar los tradicionales. Así, en los últimos años se ha comenzado a valorar el patrimonio industrial, el inmaterial, el paisajístico y las infraestructuras y tramas (físicas o no) que vertebran un territorio. Las administraciones públicas deben estar atentas a estos cambios de sensibilidad para establecer la legislación correspondiente que permita su adecuada valoración y protección”.

Se puede consultar íntegramente en: https://madridciudadaniaypatrimonio.org/sites/default/files/pdf-embed-blog/manifiesto_boadilla_asociaciones_en_defensa_del_patrimonio_cultural.pdf

 

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