Agua ¿Derecho o producto de consumo?

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Se están oyendo voces pidiendo un “precio político” al agua para la producción agrícola, al menos en la provincia de Almería respecto al agua desalada, una vez sobreexplotados hasta más allá del límite nuestros acuíferos, después de evaluar varias veces, todas al alza, las necesidades hídricas de nuestra provincia, se han permitido grandes extensiones de monocultivos muy específicos y con grandes necesidades de agua precisamente donde menos hay, en el desierto. Frente a la enorme inversión realizada en mecanizar el cultivo y producción, de manera que apenas repercute en puestos de trabajo de la población de la zona, no han invertido en crear una fuente de agua alternativa para el regadío de esas enormes extensiones de monocultivo y el resultado es que están terminando de esquilmar los acuíferos, de manera irremediable para los humanos y la naturaleza. Y si piensan que es poco importante porque se trata del desierto, sepan que esos acuíferos proceden de las estribaciones de Sierra Nevada y llegan hasta la costa del levante almeriense, llegaban. Estos cultivos por sí solos requerirían más cantidad de agua que la que produce la Desaladora de Carboneras durante un año, así que si entre todos les pagamos unas conducciones de dicha desaladora hasta sus explotaciones agrícolas, conseguíamos deja sin agua a la población o dejar sin agua las explotaciones, tras el enorme gasto público para beneficio muy privado. Dada la capacidad de hacerse oír de los “creadores de riqueza” frente al “consumidor”, no es de extrañar que terminemos pagando nuestro derecho esencial para la vida (sin agua no podemos sobrevivir más de 2 o 3 días), a un precio mayor que los que la necesitan para hacer negocio. ¿Podemos permitir que un derecho se convierta en motivo de competencia por la vida? “Quien no tiene dinero para pagar el agua que necesita para vivir, no está preparado para competir por su supervivencia” ¿Les suena? Darwinismo puro. El asunto es que nos han convencido no sólo de la valía medida por la capacidad de competir, sino de asumir que las empresas privadas tienen que obtener beneficios y por lo tanto, no se puede consumir lo que no se puede comprar. Pero resulta que aún la legislación española dice que la responsabilidad de hacer llegar agua en condiciones de apta para el consumo humano a todos los hogares, es de la Administración Local y que las aguas superficiales o subterráneas son de titularidad pública, siendo necesario pedir un permiso para hacer o explotar un pozo. La Administración Local en la mayoría de nuestras poblaciones, ha dejado esta responsabilidad en manos de empresas privadas que, como es lógico, buscan hacer negocio y para eso han sido creadas. Hasta ahora por más que se haya tratado el tema, sólo se ha conseguido en alguna población que las personas que cumplen las características de pobreza establecidas, se supone que entre los responsables políticos del Ayuntamiento correspondiente y entre la empresa concesionaria de la explotación del agua municipal correspondiente, tengan una cierta cantidad de agua “gratis”, o sea, “de regalo”, pero no se preocupen, está todo previsto y en el recibo del agua se contemplan unas cantidades que por uno u otro motivo tiene usted que pagar, aunque tenga usted cerrada siempre la llave de paso del agua. Así pues si usted no tiene dinero para comprar a las empresas privadas los 40 o 45 litros que necesita cada día para beber o asearse, tiene dos alternativas, morir o enfermar. Vista la importancia del asunto, sería justo que por cada persona que viva en una casa, se pueda consumir hasta 1,5 metros cúbicos por mes, sin cantidad añadida y a partir de esa cantidad se cobren las correspondientes tasas de potabilización y depuración y en un tramo siguiente, con consumos elevados para lo que es en sí un derecho, se empiece a cobrar por el consumo -además de las tasas correspondientes- según sea por lujo o negocio. No es de justicia proteger la actividad económica -el negocio- bien sea la que correspondería a la Administración a la que pagamos con nuestros impuestos, bien sea para locro privado, frente la derecho al agua. EL NEGOCIO NO ESTÁ POR ENICMA DE LA VIDA.

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El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Se están oyendo voces pidiendo un “precio político” al agua para la producción agrícola, al menos en la provincia de Almería respecto al agua desalada, una vez sobreexplotados hasta más allá del límite nuestros acuíferos, después de evaluar varias veces, todas al alza, las necesidades hídricas de nuestra provincia, se han permitido grandes extensiones de monocultivos muy específicos y con grandes necesidades de agua precisamente donde menos hay, en el desierto.

Frente a la enorme inversión realizada en mecanizar el cultivo y producción, de manera que apenas repercute en puestos de trabajo de la población de la zona, no han invertido en crear una fuente de agua alternativa para el regadío de esas enormes extensiones de monocultivo y el resultado es que están terminando de esquilmar los acuíferos, de manera irremediable para los humanos y la naturaleza. Y si piensan que es poco importante porque se trata del desierto, sepan que esos acuíferos proceden de las estribaciones de Sierra Nevada y llegan hasta la costa del levante almeriense, llegaban. Estos cultivos por sí solos requerirían más cantidad de agua que la que produce la Desaladora de Carboneras durante un año, así que si entre todos les pagamos unas conducciones de dicha desaladora hasta sus explotaciones agrícolas, conseguíamos deja sin agua a la población o dejar sin agua las explotaciones, tras el enorme gasto público para beneficio muy privado.

Dada la capacidad de hacerse oír de los “creadores de riqueza” frente al “consumidor”, no es de extrañar que terminemos pagando nuestro derecho esencial para la vida (sin agua no podemos sobrevivir más de 2 o 3 días), a un precio mayor que los que la necesitan para hacer negocio.

¿Podemos permitir que un derecho se convierta en motivo de competencia por la vida? “Quien no tiene dinero para pagar el agua que necesita para vivir, no está preparado para competir por su supervivencia” ¿Les suena? Darwinismo puro.

El asunto es que nos han convencido no sólo de la valía medida por la capacidad de competir, sino de asumir que las empresas privadas tienen que obtener beneficios y por lo tanto, no se puede consumir lo que no se puede comprar. Pero resulta que aún la legislación española dice que la responsabilidad de hacer llegar agua en condiciones de apta para el consumo humano a todos los hogares, es de la Administración Local y que las aguas superficiales o subterráneas son de titularidad pública, siendo necesario pedir un permiso para hacer o explotar un pozo. La Administración Local en la mayoría de nuestras poblaciones, ha dejado esta responsabilidad en manos de empresas privadas que, como es lógico, buscan hacer negocio y para eso han sido creadas.

Hasta ahora por más que se haya tratado el tema, sólo se ha conseguido en alguna población que las personas que cumplen las características de pobreza establecidas, se supone que entre los responsables políticos del Ayuntamiento correspondiente y entre la empresa concesionaria de la explotación del agua municipal correspondiente, tengan una cierta cantidad de agua “gratis”, o sea, “de regalo”, pero no se preocupen, está todo previsto y en el recibo del agua se contemplan unas cantidades que por uno u otro motivo tiene usted que pagar, aunque tenga usted cerrada siempre la llave de paso del agua.

Así pues si usted no tiene dinero para comprar a las empresas privadas los 40 o 45 litros que necesita cada día para beber o asearse, tiene dos alternativas, morir o enfermar.

Vista la importancia del asunto, sería justo que por cada persona que viva en una casa, se pueda consumir hasta 1,5 metros cúbicos por mes, sin cantidad añadida y a partir de esa cantidad se cobren las correspondientes tasas de potabilización y depuración y en un tramo siguiente, con consumos elevados para lo que es en sí un derecho, se empiece a cobrar por el consumo -además de las tasas correspondientes- según sea por lujo o negocio.

No es de justicia proteger la actividad económica -el negocio- bien sea la que correspondería a la Administración a la que pagamos con nuestros impuestos, bien sea para locro privado, frente la derecho al agua. EL NEGOCIO NO ESTÁ POR ENICMA DE LA VIDA.

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