Salud denuncia que el PP cruza la línea roja “al atreverse a justificar las agresiones a profesionales sanitarios, alegando que un supuesto aumento de las listas de espera”

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Ante las manifestaciones del PP sobre  las agresiones a profesionales sanitarios y la remuneración de los mismos, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas  Sociales desea aclarar:

El Partido Popular de Almería ha mostrado en innumerables ocasiones su irresponsabilidad a la hora de hablar de asuntos sanitarios. Pero ahora cruza una nueva línea roja, al  atreverse a justificar las agresiones a profesionales sanitarios, alegando que un supuesto aumento de las listas de espera ampara las conductas violentas de quienes atacan a los profesionales de nuestros centros de atención primaria y hospitalaria.

 

Es una actitud carroñera e irresponsable, basada además en mentiras, puesto que las listas de espera en Almería se encuentran muy por debajo de la media nacional, con una demora un mes inferior para las intervenciones más frecuentes. Las agresiones a profesionales sanitarios no pueden justificarse bajo ningún concepto o circunstancia. La agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo además considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

 

Las conductas violentas en los centros sanitarios no son un problema exclusivo de Almería o de Andalucía, como prueba el hecho de que el Ministerio de Interior, que dirige el propio PP, ha puesto en marcha un programa de lucha contra este fenómeno en todo el país, designando interlocutores policiales para abordar este asunto junto a los responsables sanitarios de cada provincia.

 

La Junta de Andalucía ha sido pionera en la lucha contra las agresiones a profesionales sanitarios y fue la primera Comunidad Autónoma en impulsar un Plan de Prevención y Actuación ante Agresiones, que además ha sido modelo para el resto de España. Incluso el Gobierno del PP ha reconocido su eficacia, puesto que ha copiado con descaro su articulado para aplicarlo en los centros que aún dependen de su gestión directa.

 

Este Plan incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de seguridad, etc) como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.

 

Con respecto a la equiparación salarial, el PP miente de nuevo y usa datos erróneos sobre los sueldos de los profesionales sanitarios andaluces. Por ejemplo, cuando dicen que un médico de Atención Primaria en Andalucía sobra 9.500 euros menos al año que uno de Extremadura, cuando en realidad son 900 euros menos, esto es, 66 euros al mes. Igualmente, los profesionales andaluces no son los que menos cobran de España porque precisamente los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid cobran menos, cuando esa región cuenta con una mejor financiación y mayor nivel de renta.

 

De igual forma, aluden a una supuesta ‘fuga de profesionales’ a la vecina Región de Murcia, cuando la realidad es que esta Comunidad sufre la misma falta de profesionales médicos que Andalucía, fruto de la imprevisión del Ministerio de Sanidad.

 

Insiste el PP de Almería en reclamar más especialistas, pero a sus dirigentes no se les oye ni una sola mención a la limitación que su Gobierno impone a la formación Especialistas Internos Residentes (EIR), auténtico cuello de botella de la formación médica en España y cuyo desbloqueo está en manos de su partido.

 

Como ya se les ha recordado en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses, si de verdad tienen intención de aportar soluciones a este grave problema, lo que deben hacer es presionar al Gobierno Central, para que amplíe el número de plazas EIR  y permita con ello hacer frente a las necesidades del Sistema Nacional de Salud.

 

La actitud del PP en el apartado de personal, es cuanto menos hipócrita, teniendo en cuenta que ha sido su partido quien ha impuesto considerables mermas de derechos laborales a los empleados públicos, como la jornada de 37,5 horas o la imposición de unas limitadas tasas de reposición; al mismo tiempo que ha exigido el cumplimiento de un duro objetivo de déficit a las Comunidades Autónomas.

 

Frente a ello, la Junta evitó el despido de profesionales, ha mantenido las plantillas y ha impulsado medidas como el proceso de interinización, que solo en Almería ha dado estabilidad a más de un millar de profesionales.

 

Si de verdad tiene interés en mejorar la sanidad pública andaluza y almeriense, lo que el PP debería hacer es arrimar el hombro para conseguir una mejor financiación, que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos.

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