España, al igual que los países de su entorno, se encuentra en fase de redefinir y ajustar su sistema de previsión a las nuevas realidades. Los retos son importantes: una población con una fuerte tendencia al envejecimiento nos lleva a estructuras sociales con más beneficiarios de prestaciones (fundamentalmente pensiones y en relación directa gasto sanitario) y menos contribuyentes que con sus cotizaciones sostienen el sistema.
En el caso de España, hay un reto adicional, derivado de una elevada tasa de desempleo, buena parte de la cual se encuentra en riesgo de convertirse en estructural. Esto es lógicamente una dificultad añadida, puesto que reduce el número de cotizantes y tensiona las cuentas públicas al incrementar el número de perceptores de prestaciones, en este caso relacionadas con el desempleo.
¿Qué es el factor de sostenibilidad?
El factor de sostenibilidad es uno de los ejes fundamentales de la reforma de las pensiones en España. Se aplicará a partir del año 2019 y viene a añadir dos nuevas variables al cálculo de la pensión a las ya existentes actualmente, como son la edad de jubilación, los años cotizados, la cuantía cotizada, etc. Desde su entrada en vigor, se tendrá en cuenta al calcular la primera pensión de jubilación de los nuevos jubilados su esperanza de vida en dicho momento. A esto se le conoce como factor de equidad intergeneracional y es la primera variable.
El FEI se revisará cada 5 años en función de la evolución de la esperanza de vida.
¿Por qué se introduce esta nueva variable?
El objetivo fundamental es que, dado que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente y se estima que lo siga haciendo tanto en España como en países de nuestro entorno, los jubilados perciban a igual contribución durante la etapa como cotizantes, el mismo importe vía pensión pública de jubilación como jubilados.
¿Cómo te afectará el FEI?
Dado que, como mencionábamos anteriormente la esperanza de vida tiende a aumentar, los futuros jubilados vivirán más años como tal que los actuales jubilados. Por tanto, sus derechos cotizados durante la etapa activa deberán repartirse durante un número mayor de años, por tanto, aunque de manera global recibirán de manera equivalente a los jubilados actuales, la cuantía mensual será más reducida. Es decir, se cobrará menos al mes pero durante más años.
Será necesario esperar a la evolución definitiva de la esperanza de vida en 2019 (en ese año se tomarán como referencia el lustro 2013-2017, dejando un año de margen, 2018, para contar con datos cerrados) para tener cálculos precisos, pero se estima que en el primer año de aplicación, esta variable supondría un descuento en la pensión del 0,47%. Por tanto, un pensionista que se jubilara en 2018 y cobrara una pensión de 1.000 euros, pasaría a cobrar 995,3 euros si lo hiciera en 2019.
Esto supone un impacto a tener en cuenta en la planificación de nuestra jubilación, y es que mensualmente ingresaremos menos, con lo que será necesario revisar nuestras previsiones y compromisos de gastos mensuales. Es importante también manejar estas estimaciones y datos ya en nuestra etapa como trabajadores activos, de cara a realizar una correcta planificación de nuestra jubilación y estimar en qué medida deberemos complementar nuestra pensión pública con nuestro ahorro privado.
El factor de revalorización anual
Es el segundo componente del factor de sostenibilidad. Supone ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas. Implica que las pensiones solo suben si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. Este factor se movería entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,5%.
¿Cómo te afectará el FRA?
Según esta fórmula, cabe la posibilidad de que los futuros jubilados cobrasen una pensión más baja que quienes se retiraron antes en las mismas condiciones, pero no verían recortada la prestación durante los años que la perciban.
Por último, es importante destacar que este factor de sostenibilidad que entrará en vigor en España en 2019 es una fórmula que, con matices, ya se está aplicando en países de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Alemania o Austria.
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/20161128-CCOO-IFT-Propuestas.pdf
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado en el Foro ABC que mañana propondrá al Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto para incentivar los planes y fondos de pensiones y aumentar la libertad y las garantías de los ahorradores. Además, ha asegurado que, mientras el Parlament “busca un president que pueda serlo”, Cataluña no va a estar sin Gobierno gracias al artículo 155 de la Constitución.
En su intervención en el almuerzo-coloquio del Foro ABC, el jefe del Ejecutivo ha señalado cuatro grandes retos de los que depende “el bienestar futuro de los españoles”: medioambiente, globalización, proyección exterior y demografía.
Rajoy ha sostenido que España está cumpliendo sus compromisos internacionales en materia medioambiental, ha anunciado el próximo envío al Congreso de la primera Ley de Cambio Climático, ha reafirmado la apuesta por las energías renovables y ha abogado por un Pacto Nacional por el Agua “integrador, consensuado y solidario”.
La digitalización y los avances científicos son las “demandas más acuciantes” del mundo global en que vivimos, ha apuntado el presidente. Para crear riqueza y oportunidades, ha agregado, es necesario impulsar la transformación digital de la economía y retener y atraer el mejor talento.
“El tercer eje para el bienestar de España depende de que seamos capaces de seguir siendo activos protagonistas en Europa y en el mundo”, ha manifestado Rajoy, quien ha defendido la integración en una Europa “fuerte, abierta y segura”.
En cuanto a las cuestiones demográficas, el jefe del Ejecutivo ha indicado que son el resultado de que los españoles “vivimos más años y queremos vivir mejor hasta el final” y también del menor número de nacimientos.
Incentivar los planes de pensiones
Pool Moncloa/Diego CrespoRajoy ha destacado que el Gobierno está trabajando en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para alcanzar un acuerdo que dé solidez al sistema de pensiones. Además, ha asegurado que, “tras unos años difíciles”, comienza a haber razones para el optimismo en este terreno: en 2017, por primera vez en nueve años, los ingresos por cuotas a la Seguridad Social crecieron más que el gasto en pensiones.
“Ahora que las cosas empiezan a ir bien, es el momento de volver a ser previsores”, ha afirmado Rajoy. A su juicio, los poderes públicos deben incentivar un ahorro a largo plazo, “que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales, como la educación de los hijos, un proyecto personal o superar cualquier revés que nos pueda traer la vida”.
En esta línea, el presidente ha anunciado que mañana propondrá al Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto “que permitirá a las personas que ahorran en planes y fondos de pensiones recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los diez años de la aportación”. También ha avanzado que las comisiones que los ahorradores pagan a las entidades gestoras “se van a rebajar muy sensiblemente”.
Rajoy ha remarcado que el sistema de pensiones público está garantizado por el Estado y que es compatible con la iniciativa privada del ahorro. Los planes de pensiones, ha recordado, existen en España desde hace treinta años, y más de ocho millones de personas disponen de uno en la actualidad, con un ahorro acumulado de más de 100.000 millones de euros. La reforma anunciada, ha expresado, “intenta incentivar ese ahorro, apela a la responsabilidad individual y da más libertad y garantías al ahorrador, que puede disponer antes de su dinero”.
Acuerdo presupuestario y para la financiación autonómica
Pool Moncloa/Diego CrespoEl jefe del Ejecutivo se ha referido en su intervención a dos asuntos inmediatos que son fundamentales para las inversiones públicas y los servicios esenciales de los españoles: los Presupuestos Generales y la financiación autonómica.
Sobre los Presupuestos de 2018, Rajoy ha afirmado que el acuerdo para aprobarlos “es posible y es lo mejor para el conjunto de los españoles”, ya que darían estabilidad y certidumbre y mejorarían la vida de los ciudadanos.
El presidente también ha defendido el pacto para un nuevo sistema de financiación de las comunidades que garantice los servicios públicos, no cree agravios entre ellas y sea “más sencillo, equitativo, estable y transparente”. “En este caso, el concurso de todos es muy conveniente, y el del PSOE, además de responsable, es imprescindible”, ha dicho.
La máxima prioridad, recuperar todo el empleo perdido
Rajoy ha recordado que 2017 terminó con un crecimiento del 3,1% y con la creación de más de 600.000 empleos, cifras que superaron las previsiones. Además, ese año concluyó con 19 millones de ocupados, con más mujeres trabajando que nunca y con el empleo juvenil creciendo a doble velocidad que la media nacional. Asimismo, ha señalado que España lleva cuatro años liderando la reducción de paro en Europa y, aunque la tasa de desempleo sigue siendo elevada, es la menor desde 2008.
El presidente ha pronosticado que España crecerá en 2018, al menos, un 2,5% y se crearán 400.000 empleos. También ha dicho que confía en que se recupere la riqueza que destruyó la crisis. De hecho, ya se ha logrado con el Producto Interior Bruto, así como con los niveles de recaudación fiscal y con dos tercios del empleo.
Rajoy ha asegurado que “la máxima prioridad” para el Gobierno es “recuperar todo el empleo que se perdió durante la crisis y seguir impulsando la generación de oportunidades”.
Pool Moncloa Diego CrespoEn este sentido, ha argumentado que los datos demuestran que el empleo es cada vez más estable, tiene mayor calidad y fomenta la igualdad de oportunidades: “Encadenamos 48 meses seguidos de aumento de la contratación indefinida. Ya hemos recuperado el nivel de empleo indefinido previo al inicio de la crisis. Y, en 2017, el paro de larga duración se redujo en casi medio millones de personas”.
El Gobierno, según ha apuntado Rajoy, seguirá trabajando para corregir las desigualdades porque el esfuerzo está dando sus frutos: “Se ha producido una mejora en las condiciones de vida de las familias y se está reduciendo el riesgo de pobreza y de exclusión. Las prestaciones por dependencia están en máximos históricos. Y la brecha salarial entre mujeres y hombres se está reduciendo en estos años”.
Ofrecemos diálogo y buscamos el pacto
Rajoy ha subrayado que “las cosas van mejor”, pero tenemos que “continuar ganando en productividad” con el fin de aumentar los niveles de renta y mejorar los salarios. En este punto, ha resaltado que el Gobierno “ha pactado con los agentes sociales una subida del Salario Mínimo para los próximos tres años, siempre que sigamos creciendo y creando empleo al ritmo actual”, aumento que se suma al acordado con el PSOE en 2017.
En opinión del presidente, esta legislatura debería ser “pródiga en pactos”, porque “los españoles votaron una composición política del Parlamento que exige buscar acuerdos”, y el momento económico “nos invita a pensar en el medio y largo plazo”.
“Ofrecemos diálogo y buscamos el pacto, porque la política no puede ser un enfrentamiento eterno y estéril. La política es debatir, pero con el objetivo de acordar. Nuestra voluntad de diálogo y acuerdo es clara y sincera en todo aquello que puede mejorar la vida de los españoles”, ha manifestado Rajoy.
“Cataluña no va a estar sin Gobierno”
Pool Moncloa/Diego CrespoMariano Rajoy ha concluido su intervención refiriéndose “al mayor desafío que ha afrontado nunca la democracia española”, que ha demostrado “que tiene instrumentos y fortaleza para defenderse cuando se la ataca”.
La respuesta del Estado de Derecho, ha añadido el presidente, ha dejado claro que el Gobierno no cede ante las imposiciones ilegítimas o ilegales, que en España se cumple la ley y que los tribunales, “desde su absoluta independencia”, protegen los derechos de todos y establecen las responsabilidades de quienes se sitúan fuera de la legalidad.
El jefe del Ejecutivo ha expresado su deseo de que se recupere la normalidad cuanto antes y ha subrayado que ahora está en manos del nuevo Parlamento catalán elegir a un presidente que pueda ejercer su cargo y no esté inmerso en procedimientos judiciales.
Además, ha enviado un mensaje de tranquilidad: “Mientras el nuevo Parlament busca un presidente que pueda serlo, o se repiten las elecciones, si no lo encuentran, Cataluña no va a estar sin Gobierno porque el artículo 155 es la garantía de que se siguen atendiendo los servicios esenciales y las necesidades reales de los catalanes”.
Coloquio
Pool Moncloa/Diego CrespoEn el coloquio posterior a la intervención, el presidente ha asegurado que las relaciones del Gobierno con el PNV “son buenas” y que “son personas que cumplen sus compromisos”. Preguntado sobre una hipotética reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco que recoja el derecho a decidir, Mariano Rajoy se ha mostrado en contra: “El PNV presentó las conclusiones de unas ponencias que han tenido lugar en los últimos meses y el PP presenta otras. A partir de ahí, todos tendrán que hacer un esfuerzo para construir, respetando los marcos y los procedimientos que nos hemos dado entre todos”.
En cuanto a la posibilidad de que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) haya servido para financiar las iniciativas de los independentistas, Mariano Rajoy ha recordado que el dinero del FLA no se entrega a las comunidades autónomas, sino directamente a los proveedores que no cobraban y a los acreedores bancarios, por lo que no lo manejan las autonomías.
El Fondo de Liquidez Autonómico, el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo Social supusieron 240.000 millones de euros, de los cuales 64.000 millones se destinaron a Cataluña en préstamos, ha aclarado el presidente. Gracias a ello, ha explicado, “se evitó la quiebra de España porque si hubieran quebrado tres o cuatro comunidades autónomas es evidente que España habría quebrado y habría habido rescate”.
En relación con el pago de impuestos de las multinacionales tecnológicas, ha manifestado que “las empresas deben pagar sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios”. Además, ha destacado que España, Francia, Alemania e Italia han instado a la Comisión Europea a que adopte medidas al respecto. En este sentido, ha recordado las sanciones económicas impuestas a Apple en Irlanda y a Amazon en Luxemburgo.
Carlos Bravo, secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO, ha hecho un llamamiento al Gobierno a que abandone la estrategia de limitar a la mera propaganda el debate sobre pensiones que debe producirse en el marco político y social, con la discusión de medidas concretas y plazos para ponerlas en marcha.
Son recurrentes los anuncios que el Gobierno realiza en torno a medidas concretas que finalmente no terminan por concretarse de ninguna forma. Algunos ejemplos de ello han sido los siguientes:
Aumento de la financiación del sistema mediante impuestos. Tras anunciarse la medida en el verano de 2015, llegó incluso a incluirse una referencia genérica en la Ley de Presupuestos de 2016, pero nunca ha llegado a concretarse ninguna medida.
Coeficientes reductores de la edad de jubilación anticipada de policías locales y autonómicas. Son reiteradas las ocasiones en las que los responsables ministeriales anuncian la inminencia de la medida, pero el expediente, que se inició en 2014, sigue paralizado sin una causa aparentemente justificada.
Sustitución de las “tarifas planas” y reducciones de cotizaciones por bonificaciones a cargo del Ministerio de Empleo. Han sido varios los compromisos del gobierno para aliviar al sistema de seguridad social de la carga de los cerca de 3.500 millones de euros que suponen estas políticas de empleo, que se financian mediante la reducción de ingresos del sistema de Seguridad Social. Sin embargo, el Gobierno no sólo no ha cumplido con dicho anuncio, sino que recientemente ha impulsado el incremento de la duración de las tarifas planas para autónomos sin que se haya previsto su sustitución por bonificaciones.
Aumento de las bases máximas de cotización. El gobierno se ha mostrado varias veces favorable a estudiar esta medida, que permitiría cotizar una masa salarial que CCOO ha estimado en 26.000 millones de euros que hoy no cotizan. Pero aún no ha tomado ninguna iniciativa concreta al respecto.
Equiparación de las bases medias de cotización del Régimen General y del Régimen de Autónomos. El Gobierno ha señalado varias veces la conveniencia de esta medida que, además de mejorar las prestaciones de los trabajadores autónomos, supondría un incremento de los ingresos del sistema en unos 7.000 millones de euros anuales. En la reforma de 2011 se acordó una fórmula para posibilitar esta medida que, sin embargo, el gobierno viene implementando de manera errática aplicándola unos años sí y otros no.
Mejora de la pensión de viudedad. Esta medida formaba parte de la reforma de pensiones de 2011 y el PP en aquella ocasión se opuso a la misma. El Gobierno actual ha mantenido suspendida su entrada en vigor durante 6 años, para promover en diciembre de 2017 su regulación por la vía de urgencia y, sin embargo, continuar hoy sin haberse puesto en marcha de forma efectiva.
La propuesta hecha pública ayer por la ministra de Empleo de permitir optar por un periodo de cálculo más amplio, voluntariamente, cuando sea más beneficioso para las personas que acceden a la pensión, se corresponde con medidas que ya se han pactado (Acuerdo de Pensiones de 2011) y es una medida que CCOO está dispuesta a valorar, si bien reclama que se realice en el marco adecuado. Esto es, en la Mesa de Diálogo Social abierta hace meses con sindicatos y empresarios que, sin embargo, no está teniendo un ritmo de trabajo adecuado, y en el marco de la Comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo.
CCOO insiste, una vez más, en la necesidad de que sea en este marco donde se aborden compromisos claros de financiación del sistema, se corrijan los efectos de la reforma de 2013, que supuso una ruptura del marco de concertación social y política sobre pensiones establecido desde 1995 y afectará muy negativamente a las pensiones actuales y futuras, empezando por garantizar un sistema de revalorización de pensiones, que permita garantizar su poder adquisitivo.
El gasto en pensiones siempre ha crecido por encima del 3%. Solo en 2015 bajó de ese ritmo por dos centésimas. En 2016 volvió a superarlo. Y este año se mantendrá por encima, con un 3,1%. Sin embargo, en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas se señala que “los incrementos futuros de gasto serán menores en media al 3%”. Con estas conclusiones, el Ejecutivo prevé que el desembolso total en pensiones, aunque subirá nominalmente, cada vez pesará menos sobre el conjunto de la economía por los recortes de las reformas de 2011 y 2013.
Revalorización anual de pensiones, retraso paulatino de la edad de jubilación a los 67 años, ampliación del periodo de cómputo hasta los 25 años, endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada… Estas son algunas de las medidas que se adoptaron en las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Todavía no han desarrollado todo su potencial de ajuste, pero poco a poco se van sintiendo sus efectos y van conteniendo el aumento del gasto de la Seguridad Social. Por ejemplo, en 2015 supuso 1.000 millones menos de gasto; en 2016, 1.148 millones; y este ejercicio, unos 1.200, según ha concretado el Gobierno en los planes presupuestarios remitidos a Bruselas el pasado viernes.
Y aún no ha entrado en vigor el factor de sostenibilidad, que desde 2019 ligará la pensión inicial a la esperanza de vida y que, dadas las previsiones demográficas, las reducirá conforme crezca. Según Enrique Devesa, profesor y actuario de la Universitat de València, este mecanismo supondrá una reducción del 0,45% cada año para los nuevos pensionistas. Es decir, quien se retire en 2019 tendrá una pensión inicial un 0,45% más baja a la que le correspondería si se hubiera podido jubilar en 2018. Esta recorte solo se aplica en el momento de retirarse al calcular la pensión inicial. O sea, en 2020 el ajuste será de ese 0,45% más otro 0,45% adicional solo para los nuevos jubilados de ese año.
Todo este paquete moderará el aumento del gasto en pensiones, que subirá menos de un 3% en el futuro. Hasta tal punto es así que, pese al aumento de la esperanza de vida y de jubilados, en 2020 la factura total en pensiones será de una cantidad equivalente al 11,8% del producto interior bruto (PIB). Y en 2030, cuando ya hayan empezado a jubilarse las generaciones del baby boom, el desembolso solo ascenderá al 11,2%.
Devesa no tiene claro que estas cifras, que el Gobierno extrae del último informe de envejecimiento de la Unión Europea, Ageing Report, vayan a cumplirse. “No sabemos cuál va a ser el impacto de otras medidas como el complemento por maternidad, que supone incrementos del 5%, 10% y 15%, a las mujeres con dos, tres y cuatro o más hijos, respectivamente. Y se aplica a todas las pensiones (jubilación, viudedad, incapacidad), no como el factor de sostenibilidad que solo afecta a las de jubilación”, analiza.
El porcentaje de desembolso en pensiones sobre PIB es uno de los argumentos que esgrimen quienes defienden que hay capacidad de maniobra para que España gaste más en este capítulo. Lo hizo, por ejemplo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez en la manifestación del Primero de Mayo, cuando comparó el dato español con los de Italia o Francia, que en 2020 gastarán un 15,3% y un 14,6%, respectivamente. “Esto quiere decir que hay margen”, subrayó.
Por su parte, Carlos Bravo, responsable de políticas públicas de CC OO, suele poner énfasis en la “suficiencia” de las pensiones en el contexto del debate abierto sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social y en el marco de las negociaciones de reformas con el Ejecutivo. Ya que, argumenta, la combinación del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, que apunta un incremento del 0,25% cada año durante bastante tiempo, acabarán por reducir mucho el poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras.
EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DEL SEPE LLEGARÁ EN 2019
El Servicio Público de Empleo tiene un presupuesto de casi 24.000 millones en 2017. La mayor parte de ellos (18.318 millones) se destinarán al pago de prestaciones y subsidios. Por primera vez desde 2008 y si no fallan los cálculos del Ejecutivo, este año lo recaudado por cotizaciones para el desempleo (19.415 millones) será suficiente para hacer frente al gasto en protección.
Esto, según el plan de estabilidad, ha permitido que la aportación de impuestos a los servicios públicos de empleo bajen en los últimos años de 10.109 millones en 2015 a 1.634 millones este año, que se invertirán en políticas activas de empleo. “Se prevé que en 2018 continúe la tendencia y que en 2019 el SEPE pueda hacer frente a todos sus gastos con sus propios ingresos”, indica el documento remitido a Bruselas.
Factor de sostenibilidad, la clave para la reducción de las pensiones del futuro
Con la llegada de la crisis económica, los últimos gobiernos han introducido medidas correctoras para asegurar el futuro de las pensiones. Vamos a echar un vistazo a la principal, el factor de sostenibilidad, la clave para la reducción de las pensiones del futuro.
Planes de Pensiones BBVA: ¿Te interesan?
Con una pirámide poblacional típica de país desarrollado, envejecida y con poca base en los más jóvenes, es una cuestión de tiempo entender que tal y como funciona nuestro sistema de pensiones, el futuro es complicado. El número de pensionistas casi se duplica para el año 2050, donde se estima que tendremos unos 15 millones. Y esto si tenemos en cuenta que la población activa será similar a la actual, es muy complicado de sostener. Todo ello hace que los planes de pensionespersonales sean el instrumento favorito de los más previsores para asegurar su bienestar económico durante la jubilación.
La revalorización de las pensiones
El factor de sostenibilidad afecta tanto a las pensiones presentes como a las futuras e introduce medidas correctoras para afrontar dos de las disfuncionalidades principales de nuestro sistema de pensiones. Por un lado, tratar de ajustar el saldo del sistema para que no sea deficitario. Por otro, ajustar la pensión en función de la esperanza de vida que tenemos.
En el primer caso lo que ha ocurrido es que se desvincula la actualización de las pensiones del IPC. Se introduce el Factor de Revalorización Anual donde la revalorización de las mismas se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre la tasa de crecimiento nominal de la Seguridad Social y los gastos si no se actualizasen las pensiones. Aquí se tiene en cuenta tanto el crecimiento del número de pensiones, como el crecimiento de la pensión media debido al efecto de sustitución.
De esta forma, las pensiones subirán un mínimo de un 0,25% cada año en caso de déficit del sistema, lo que produce una merma del poder adquisitivo de los pensionistas, especialmente en momentos donde la inflación sea alta. Este es uno de los motivos por los que muchos trabajadores ven la necesidad de contratar un plan de pensiones para asegurarse que podrán mantener su nivel de ingresos estable. En teoría, se puede recuperar el nivel adquisitivo en caso de saldo positivo del sistema, donde la subida sería del IPC + 0,25%, pero lo cierto es que los cálculos se hacen con previsión a varios años, lo que hace muy complicado que esto llegue a ocurrir.
¿Qué es el factor de sostenibilidad y cómo se calcula?
La otra medida que sirve para corregir el efecto de una mayor esperanza de vida y el llamado factor de equidad intergeneracional. Entra en vigor para el cálculo de las pensiones a partir de 2019. Es una medida que se ha estado practicando en diversos países de la Unión Europea cuyos sistemas de pensiones tienen problemas semejantes.
Para su cálculo hay que tener en cuenta la base reguladora de la pensión. Para obtener el 100% de la base, la pensión completa, es necesario cotizar 37 años en el sistema, algo que con los índices de paro y el retraso en la entrada del mercado de trabajo de los más jóvenes cada día es un poco más complicado, aunque el aumento de la edad de jubilación a los 67 años ayudará a conseguirlo. La formula del factor de sostenibilidad se calcula multiplicando el factor de sostenibilidad del año anterior, que para el arranque de su aplicación en 2019, el de 2018 será tomado como uno, multiplicado por la esperanza de vida a los 67 años. Esta se calcula como la raíz quinta de la esperanza de vida en 2012 dividido entre la esperanza de vida en 2017. Los cálculos se aplicarán siempre en quinquenios. De esta forma el aumento de la esperanza de vida acaba afectando al cálculo de la pensión.
El resultado de la aplicación de este índice será menor que uno, lo que hará que las pensiones se vayan reduciendo poco a poco en función de un aumento de la esperanza de vida de los cotizantes en el sistema de la seguridad social. Para mantener nuestro nivel adquisitivo constante sería muy recomendable acudir a planes de pensiones para no notar el efecto del factor de sostenibilidad sobre nuestra jubilación a lo largo de los años. Todo esto lo que pretende es garantizar el futuro del sistema y corregir los efectos de la demografía, pero lo cierto es que tendrá un coste que pagaremos todo y sufrirán sobre todo los pensionistas de ahora en adelante. Es cuestión de prepararse para un futuro en el que la jubilación posiblemente no será tal y como la hemos conocido hasta ahora.