Tanto en mis más de veinte años siendo alcalde de Garrucha como desde que cesé en el cargo me he preocupado de los intereses del municipio, cosa que al parecer no es del agrado de la clase política local y menos de los tres alcaldes que me han sucedido. Pero como tengo créditos más que suficientes puedo y debo decir públicamente lo que pienso respecto a los asuntos que conciernen a nuestro pueblo, siempre en su beneficio. Y esto viene a cuento por lo que ahora sigue.
Ya saben. Con motivo de que el 26 de octubre último el Ayuntamiento de Garrucha anunciara la buena noticia de que existe la posibilidad real de conseguir la prolongación del paseo marítimo entre el castillo y la gasolinera, cinco días después, el 31, publiqué un artículo alegrándome de tal anuncio. A la vez escribía que un complemento para la prolongación del paseo sería hacer la playa en ese lugar. Playa que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) está obligada, por ley, a construir en compensación a la playa ocupada por la ampliación del puerto, de acuerdo con el acta firmada en su día.
Días más tarde, el 13 de noviembre, publiqué un segundo artículo con el expresivo título: ‘Garrucha necesita la playa que le han birlado’, en el que aportaba argumentos concluyentes del derecho que asiste a Garrucha a tener esa playa. Lógicamente cabe pensar que si la alcaldesa ha ido a Madrid a gestionar la obra del paseo, que es graciable por parte del Ministerio, igual o mayor sentido tiene ir a Sevilla a reclamar lo que se le debe a Garrucha. Razón por la que el 20 de noviembre presenté un escrito en el Ayuntamiento (registrado de entrada con el número 4999) abundando en el asunto y adjuntando copia de dos importantes documentos que avalan el derecho de este municipio a la compensación.
Escrito en el que, además de exponer los derechos que asisten al municipio, solicitaba que desde el Ayuntamiento se realicen las gestiones necesarias a fin de conseguir que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía cumpla con el compromiso adquirido en su día con la Dirección General de Costas y construya la playa al sur del municipio. Asimismo, solicitaba la amabilidad de que se me dijera por escrito lo que se decidiera al respecto.
Se cumplen hoy 50 días desde que presenté el escrito y el Ayuntamiento ha optado por el silencio y nada se me ha comunicado. Sin embargo, llama la atención que a escritos míos sobre el mismo asunto me contestaran el jefe de gabinete de la ministra socialista de Medio Ambiente, Dª Cristina Narbona, el defensor de Pueblo e incluso la directora – gerente de la APPA. Y es que ni soy santo de la devoción de la alcaldesa ni ella quiere molestar y menos exigir la playa a los gobernantes socialistas de la Junta de Andalucía. El caso es que soy vecino de Garrucha, donde pago mis impuestos de los que se benefician el sueldo de la alcaldesa y el de los concejales, razón por la que tengo derecho a que se responda a mi solicitud y no despachar mi escrito con un vulgar y displicente silencio administrativo, actitud que no es de recibo por parte de la alcaldesa, que sabe o deber saber que está obligada a atender y tratar a todos los ciudadanos por igual aunque sean de diferentes ideas políticas, cosa que por lo visto eso no va conmigo. Y uno se pregunta: ¿Tanta aversión le produce a esta señora contestarme a una simple pregunta sobre si va a hacer algo respecto a esa playa?
Cuando el Partido Popular gobernaba el municipio el alcalde Juan Francisco hizo gestiones para conseguir esa playa sin resultado alguno, ahora yo esperaba que el PP se iba a implicar con una sólida moción, además de sensibilizar a la población, pero no ha sido así, la comodidad ha primado sobre la acción política y un manto de silencio se ha extendido por la sede local del PP, sin voluntad para hacerle una simple pregunta a la alcaldesa sobre el tema en el último pleno, tema que podría darles buenos réditos políticos, pero por lo visto no les interesa. Creo que el PP debe evitar a toda costa dar la sensación de pequeñez política, de oposición menor. No es lo suyo.
El caso es que nuestros representantes políticos municipales, con su superior criterio, han optado por el silencio, cosa que no se concibe ya que no es admisible que al ciudadano de a pie se le hurte una información a la que tiene todo el derecho, máxime cuando se trata de un bien para su pueblo. No obstante, hay que seguir para que todo se aclare porque medios y procedimientos no faltan. Es cuestión de valorar la recogida de firmas a los vecinos con el fin de apremiar al Ayuntamiento para que informe y reivindique lo que corresponde al municipio.
Claro que los concejales del PP pueden obligar a la alcaldesa a que se pronuncie sobre la cuestión, bastaría con una moción o promoviendo un pleno extraordinario, monográfico, al que tienen derecho si solicitan su convocatoria. Depende del interés que se tenga.