Los perros como contribuyentes

La proliferación de informaciones que emanan de los ayuntamientos está provocando una percepción de psicosis política en la ciudadanía que tiene como objetivo convertir al perro como contribuyente. Llama poderosamente la atención la ingente cantidad de medidas políticas que se están adoptando contra el perro con el pretexto de la limpieza, como si el problema de la limpieza en nuestros pueblos y ciudades estuviese originada por el perro.

Con el nada oculto objetivo de convertir al perro en contribuyente económico, para paliar la controvertida gestión política en los ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades, se está llegando a lo objetivamente inverosímil como es la creación de una unidad policial o la identificación de propietarios de perros mediante analíticas. Estos excesos comienzan a provocar los efectos contrarios a los que se pretenden, desde mi humilde punto de vista, como es el abandono de canes y colocar a la corrupción política en los primeros niveles de la percepción social.

No debe resultar nada extraño que la familia propietaria de un perro por el que ha sido denunciada empiece a considerar a su perro como un problema antes que una solución, a la que se le ha querido paliar en muchos casos por consejos médicos, como decía en mi primera reflexión sobre la nada oculta guerra que se le ha declarado a los históricamente considerados como los mejores amigos; y estas medidas exclusivamente económicas que se comienzan a adoptar contra los dueños de los perros están consiguiendo que se realce el nivel de corrupción política que asola a nuestros gobernantes y sean consideradas como un propósito de solapar los detestables comportamientos existentes en nuestra clase política y tapar el profundo déficit económico que éstos han provocado. Una reacción que se está conformando como si de un acto reflejo se tratase, y ciertamente comprensible.

Completamente comprensible para la familia a la que se le sanciona con unas cuantas miles de las antiguas pesetas, pues no debemos olvidar que nuestros sueldos son hoy más que nunca en la antigua moneda convertidos a euros. Y esa familia a la que le han sancionado por su mascota comenzará a plantearse la necesidad de sacar a su perro a otro lugar y a preguntarse a cuál, porque no menos cierto es que nuestros gobernantes no ofrecen una solución a las necesidades fisiológicas de los animales de compañía. He leído en alguna ordenanza municipal que se prohíbe que los perros orinen en sus viviendas, obviamente que caguen en habitáculos habilitados en sus residencias, pero no veo zonas alternativas en las calles o plazas de nuestros pueblos y ciudades habilitadas para que los perros hagan sus necesidades fisiológicas, y de existir en algunos municipios brillan por su descentralización urbana cuando deberían de proliferar por los distintos barrios y núcleos de población porque como persistentemente vengo sosteniendo el perro es un animal de compañía y no solo reside donde guardaba y se cazaba.

Ante la presión que las autoridades municipales están ejerciendo con el perro, llegando incluso hasta que se perciba un estado de psicosis política, no se debe descartar la intencionalidad de acabar con su existencia en zonas urbanas, en las que por ende se han convertido las mascotas en una industria, y ante esta acción política pienso que alguna opinión deberían de emitir los propietarios de tiendas para animales y los veterinarios.

Lo lamentable, nada  descartable en la clase política española, es la escala de valores existente en nuestros gobernantes proclamando sin rubor alguno que la honradez no existe en la actividad política, por lo que imagínese, amable lector que distrae su tiempo en este espacio periodístico que si en la Universidad se trasmitiese que ahí no se va a aprender. Y en este contexto puede inscribirse el empecinamiento de nuestros Equipos de Gobiernos en muchos pueblos y ciudades al haber convertido al perro, cursimente denominado mascota, en un contribuyente que se pretende homologar al ciudadano de a pie con el pretexto de que la limpieza en los cascos urbanos depende exclusivamente de los dueños de perros y por consiguiente deben contribuir a las arcas municipales. Ello provoca el fácil y ocurrente recurso a los dueños de los perros de recordarles a nuestros políticos municipales que deberían ser comedidos en los sueldos y no convertirse en los vecinos que mayores nóminas tienen en nuestros pueblos y ciudades, con lo que ellos también deberían de contribuir a racionalizar las cuentas públicas.

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