El sindicato Comisiones Obreras en la Ciudad de la Justicia de Almería, ha denunciado ante los medios de comunicación una nueva situación que agrava aún más la ya de por sí insostenible situación de la Judicatura en la provincia, con falta de medios humanos y materiales para llevar a cabo su función pública, tal y como han corroborado insistentemente en sus últimas memorias las más altas instancias como el Consejo General del Poder Judicial CGPJ.
Esta vez la crítica se refiere a que “la consejería de Justicia no nombra personal de refuerzo en el Juzgado que llevará los pleitos hipotecarios de cláusulas suelo a partir del 1 de Junio porque no tiene dinero, pero a la vez se gasta 1.488.333 millones de euros en una empresa privada para colaborar en la construcción de las nuevas Oficinas Judiciales de El Ejido, Vélez Málaga y la Fiscalía de Sevilla”. Así lo afirma Juan Francisco García Mañas, coordinador del sector de Justicia de CC.OO. en Almería, una situación similar a la del resto de Andalucía.
En este sentido hay que citar que a partir del primero de Junio, el juzgado de Primera Instancia número 7 de Almería tratará en exclusiva todos los pleitos de la provincia en materia hipotecaria, como las cláusulas suelo, devolución de gastos notariales, gastos de formalización, hipotecas multidivisa, escrituras, etc., sin que la Junta de Andalucía, tal y como ha reconocido, pueda reforzar la plantilla a corto y medio plazo por problemas económicos. Se espera que haya una avalancha de pleitos de los ciudadanos una vez finalizado el plazo de cuatro meses establecido por el Real Decreto Ley 1/2017 para que las entidades bancarias llegaran a acuerdos con los clientes en materia de devoluciones.
El Consejo General del Poder Judicial ha acordado que el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Almería se refuerce para sus nuevas tareas hipotecarias con 1 Juez, 1 Letrado , 1 Gestor, 2 Tramitadores y 1 Auxilio Judicial, siendo competencia de la Junta de Andalucía nombrar los funcionarios de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, algo que expresamente solicitó CC.OO el 15 de Mayo.
Sin embargo, según el sindicato, “la consejería de Justicia dice que no nombra personal porque no tiene dinero, ya que esta medida tendrá un coste de casi un millón de euros en toda Andalucía, en palabras del consejero De Llera”, lamenta García Mañas, argumentando que “para CC.OO resulta escandaloso y bochornoso que el consejero de Justicia se gaste 1.488.333 euros en contratar una empresa privada para que colabore en la implantación de la Nueva Oficina Judicial en El Ejido, Vélez Málaga y Fiscalía de Sevilla, y no tenga dinero para contratar el personal necesario para que los ciudadanos almerienses sean atendidos de manera rápida y ágil en las reclamaciones que presenten contra los abusos de las entidades bancarias”.
Además el juzgado elegido va a tener que seguir llevando los otros asuntos que le estaban correspondiendo cotidianamente. Se da la circunstancia que actualmente el Número 7 de Almería está considerado como uno de los que funciona regularmente bien, hecho que es el que motiva su elección, por lo que el colectivo judicial almeriense considera que se ha ‘premiado’ su buen funcionamiento, otorgándole más competencias pero sin refuerzo de la plantilla, todo un paradójico hecho. La situación va a provocar una sobrecarga de trabajo, retrasos y una evidente lesión en los derechos de los ciudadanos, que van a acudir a ejercer las peticiones de devolución hipotecaria “y se van a encontrar con que en vez de tramitarse en seis meses tendrán que esperar dos años. Quien se beneficia es la banca, porque no se pueden tramitar las reclamaciones de los clientes”, se queja el sindicalista almeriense.
CC.OO. considera que a largo plazo el aumento de la plantilla tendrá que ser un hecho irreversible, pero de momento la situación es la que ha anunciado la consejería de Justicia, la falta de financiación. Se puede dar la paradoja de que se nombre tanto el juez como el letrado, potestad del Consejo General del Poder Judicial con competencias del gobierno central, pero se constituya el servicio hipotecario sin que se designen las plazas de un gestor, dos tramitadores y un auxiliar judicial. “Por ejemplo, en Málaga y Sevilla sí están ya los jueces para que empiecen a trabajar el 1 de junio, pero el personal de tropa, la gente que tramita, no va a estar para esa fecha, cuando la situación no viene de nuevas, porque esto se sabía desde el mes de enero”, recalca Juan Francisco García Mañas.
En la Audiencia Provincial hay preocupación por la situación que se va a crear, pero el malestar es evidente entre la actual plantilla del juzgado de instrucción número 7 de Almería que se ve en la situación de afrontar una sobrecarga de trabajo. CC.OO. se teme que “cojan refuerzos de otros órganos judiciales y para tapar un agujero hagan otro, porque ahora mismo hay refuerzos, pero en los juzgados penales donde hay un número de resoluciones judiciales muy altos. Si quitas gente de allí para llevarlos al 7, quizás soluciones el problema hipotecario, pero se va a agravar la situación de los penales”.
El problema, según el sindicato, provoca un agravio comparativo con la postura financiera de la consejería de Justicia ante la creación de la nueva oficina judicial de El Ejido, que está en el trámite de que el ministerio de Justicia le apruebe la relación de puestos de trabajo. Tras ello se realizaría el acoplamiento de la plantilla, con el traslado de personal de otros servicios.
Se prevé que pueda entrar en vigor alrededor del próximo mes de noviembre como experiencia piloto, “pero desgraciadamente estamos convencidos que va a ser un fracaso por la falta de medios, por la falta de inversión. No lo dice solo este sindicato, lo dicen también por ejemplo los secretarios judiciales, porque los números cantan. El problema de la justicia almeriense es el tapón que existe en la ejecutoria civil de las sentencias. En El Ejido, un partido judicial con más de cien mil personas, hay sentencias que se debían haber ejecutado en 1990 y están todavía a la espera”, se lamenta García Mañas.
“La cruel paradoja es que para la sobrecarga de trabajo hipotecario del número 7 de Almería la consejería no tiene dinero para que el 1 de Junio entre en vigor como publica el Boletín Oficial del Estado BOE y sin embargo sí hay 1.488.333 euros para la Nueva Oficina Judicial en El Ejido, para Vélez Málaga y para la Fiscalía de Sevilla. Para estos tres expedientes piloto la Junta ha contratado los servicios de una empresa que debe asesorar o colaborar en su implantación, porque realmente no sé sabe qué va a hacer, lo saben muy pocas personas. Con menos de un millón habría suficiente para reforzar las plantillas cara a los nuevos servicios hipotecarios que van a cubrir los juzgados de toda Andalucía, en palabras del consejero. Es cuestionable privatizar el servicio, que la consejería no tenga recursos propios, que no contrate personal y no se cree empleo público. Se trata de un proceso de privatización porque se contrata a una empresa privada para la creación de estas nuevas oficinas judiciales, cuando en otros servicios se contratan a empresas públicas. El plazo acaba de terminar y aún no sabemos a quién se ha adjudicado. El pliego de condiciones está en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía BOJA”.